Legislación informática internacional

Determinados proyectos, que se acometen especialmente desde multinacionales o empresas que quieren posicionarse en otros países, se enfrentan a la posibilidad de estar sujetas a normativas diferentes e incluso a veces contradictorias. También es importante que los profesionales de las organizaciones conozcan a qué enfrentarse, puesto que sus acciones podrían ser miradas con diferentes raseros en función de donde se encontraran.

Para un proyecto en el que me encuentro inmerso, he estado buscando información sobre diferentes leyes y jurisprudencia aplicables a la informática, que pueden darse en diferentes países y me he encontrado con esta pequeña joya: informática-juridica.com. Organizada por países, se encuentran tanto las normativas destacadas y las modificaciones existentes. Así por lo menos lo he podido cotejar de la legislación española y de algunos países europeos de los cuales también conozco parte de su normativa.

Esta información como no ofrece una valiosa información para todos aquellos que necesitan conocer como pueden ser afectados sus intereses o en que afectarías a los trabajadores determinadas acciones. Evidentemente esto no es ni más ni menos que la punta del iceberg puesto que queda ir evaluando cada una de las normativas y comparando las acciones, cuestión que será bastante laboriosa pero los resultados serán bastante interesantes.

Por ejemplo hay datos significativos como que determinados países tales como Venezuela presenta una normativa específica sobre delitos informáticos. Me han resultado curiosos muchos de los textos en esa norma, quizás porque se aleja mucho de la visión que desde España tenemos de los delitos informáticos o bien de nuestra normativa. Sirva de ejemplo este texto recogido del artículo 17 de esa ley:

“Quien se apropie de una tarjeta inteligente o instrumento destinado a los mismos fines, que se haya perdido, extraviado o que haya sido entregado por equivocación, con el fin de retenerlo, usarlo, venderlo o transferirlo a una persona distinta del usuario autorizado o entidad emisora, será penado con prisión de uno a cinco años y multa de diez a cincuenta unidades tributarias.”

Está claro que en cada país tienen su visión de la tipificación de los delitos y las penas que pueden imputarse.